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Establecer cupos de detenciones de inmigrantes es algo 'inadmisible, ilegal, que atenta contra el Estado de Derecho y xenófobo'. Son palabras de Ignacio Cosidó, cuando era diputado del PP en 2009, después de que el Ministerio de Interior reconociera que este tipo de prácticas funcionaron en 'cuatro o cinco comisarías'. Tres años después, una circular de por medio y con Cosidó al frente de la Dirección General de la Policía, las redadas racistas a extranjeros parecen estar lejos de desaparecer.
Desde el 10 de mayo de 2011 hasta el 10 de noviembre de 2012 las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH) han constatado, sólo en Madrid, controles racistas en al menos el 30,4% de sus salidas. Así lo denuncian en un informe presentado hoy por este grupo, que lleva desde hace tres años trabajando en las calles de la capital para denunciar los hechos. El documento indica que en los 31 controles observados, se identificaron a 177 personas por su perfil racial, de las cuales 27 fueron detenidas y llevadas a las dependencias policiales.
Estos datos, que no ofrecen cifras representativas ni orientativas sobre el número real de detenciones xenófobas en España (Interior no proporciona esta información), sí dan muestra, al menos, de que se trata de una práctica que sigue siendo habitual.
'El nuevo gobierno del Partido Popular proclamó que acabaría con los cupos policiales de detención (número mínimo de identificaciones) [...] Sin embargo, la recogida de datos que hemos realizado muestra claramente que tan sólo se pretendía dar un lavado de cara a una política que generaba una fuerte contestación social, acabando con el elemento cuantitativo pero no con la naturaleza de esta práctica', cita el informe.
En el último año y medio, las brigadas observaron en Madrid 177 identificaciones racistas
El 21 de mayo de 2012, la Dirección General de la Policía publicó la circular X/2012 que se basa en la prohibición 'de cupos de identificación o detención de extranjeros a cualquier unidad del Cuerpo Nacional de Policía' y las 'actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos'. Asimismo, la circular establecía que se evitarán las identificaciones que 'se consideren innecesarias, arbitrarias, abusivas y que supongan una extralimitación de las facultades que otorga al efecto el ordenamiento jurídico a las fuerzas y cuerpos de seguridad'.
Sin embargo, el informe de las BVODH no sólo denuncia que se siguen produciendo registros a personas por sus características físicas, sino que evidencia algunos patrones de actuación en las redadas policiales. Por ejemplo, el 32,3% de los avisos recibidos por las brigadas se produjeron entre las 07:00 y las 10.00 de la mañana, coincidiendo con la mayor afluencia de personas a sus lugares de trabajo.
El 76,2% de las identificaciones se producen en el transporte público
Según los mismos datos, el 76,2% de los controles se realizan en el transporte público, utilizado por gran parte del colectivo de inmigrantes, en 'accesos, pasillos y vagones de metro y Renfe e intercambiadores y estaciones de autobús'. En este sentido, los activistas denuncian, además, que existe 'colaboración' entre los agentes de seguridad privada y las empresas públicas para llevar a cabo las identificaciones.
'Es evidente que tiene que haber una colaboración con Metro de Madrid porque allí se suceden continuamente, incluso dentro de los vagones', ha señalado Natalia, miembro de las brigadas, durante la presentación del informe.
Los agentes vestidos de paisano en las redadas ha pasado del 14% al 58,1% Aunque la práctica no ha desaparecido, sí han cambiado algunos de sus modos de hacerlo. El documento es claro a este respecto. Si en el anterior informe, presentado en julio de 2011, el porcentaje de agentes vestidos de paisano en las redadas policiales observadas era del 14%, ahora esa cifra se ha disparado hasta el 58,1%, o lo que es lo mismo, esta práctica se ha multiplicado un 314%.
'El vecindario apunta hacia un cierto cambio en la metodología policial que no viene sino a confirmar la consolidación de una tendencia: que las identificaciones se efectúan de forma más disimulada que en tiempos anteriores y que se justifican por parte de los agentes aludiendo a que su labor no es sino la de la 'prevención del delito' o 'la búsqueda de delincuentes', señala el documento.
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